martes, 26 de julio de 2016

Panamá: Las familias frenan la ley de salud sexual

El gobierno panameño se ve obligado a retirarla ante la fuerte presión popular

Panamá: Las familias frenan la ley de salud sexual

Javier Ordovás, aleteia
“El derecho a la salud sexual y reproductiva” es uno de los conceptos contemplados por el proyecto de ley elevado por Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá. Pero este modelo de proyecto no se diferencia de otros países de la región que también han tenido iniciativas al respecto en los últimos años.

La propuesta legislativa de Adames incluye además el“derecho a la educación integral en sexualidad”, que toma terminología usada por la International Planned Parenthood Federation, acusada de traficar con órganos y tejidos de los bebés abortados en sus instalaciones.

Ya el arzobispo de la Iglesia católica panameña José Domingo Ulloa alzó su voz contra el proyecto de Ley 61.

Sin embargo, ante la reciente multitudinaria marcha a favor de la vida y la familia en la capital panameña, el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén de León Sánchez, anunció que devolverá a la comisión de salud la Ley 61 –que promueve la educación sexual y reproductiva en los colegios– para que sea nuevamente discutida.

El presidente del Parlamento hizo este anuncio el 13 de julio al recibir con otros diputados a una delegación de organizaciones pro vida y pro familia, que junto con la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, reunieron ese día a cerca de 100.000 personas, de acuerdo a los organizadores, y que marcharon desde la iglesia del Carmen hasta el Congreso.

La manifestación fue convocada para protestar contra este proyecto de ley y las guías de “Educación Integral de la Sexualidad” (EIS).
Según informó la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, las EIS “están impregnadas de la ideología de género” y son “promovidas y asesoradas por la UNFPA”, organismo de la ONU conocido por difundir el uso de anticonceptivos y el aborto.

La Alianza Panameña por la Vida y la Familia exhortó al Estado a garantizar “el derecho de los padres de familia a participar, escoger, aprobar, presentar y definir propuestas en relación a la educación en la sexualidad que se imparta a sus hijos menores de edad”, así como a “objetar cualquier tipo de educación relativo a la sexualidad que sea contraria a la ley natural, a sus valores o principios éticos, morales, espirituales y/o religiosos sin ningún tipo de repercusiones”.

En ese sentido, indicaron que el proyecto de Ley 61 debe ser eliminado porque ya “existen leyes que regulan la materia”.

Asimismo, rechazaron que la ideología de género sea la base de la educación sexual de los menores e indicaron que un programa que aborde este tema debe ser elaborado “por el Estado cumpliendo con la ley” y “sin injerencia extranjera”.

En su comunicado con fecha 13 de julio, la Alianza también exhortó al Estado a cumplir “los artículos 670 y 671 del Código de Familia y se restituya la Escuela para Padres y los programas de educación sexual que han probado ser exitosos, ya que entre el 2014 y 2015 hubo una reducción notable en los embarazos de menores de edad, sin necesidad de promover la ideología de género y sin injerencia extranjera”.

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